1. La Parte requerida cumplimentará las comisiones rogatorias relativas a un procedimiento penal que le sean dirigidas por las autoridades judiciales o por el Ministerio Público de la Parte requirente y que tengan por objeto actos de averiguación previa o instrucción o actos de comunicación.
Los documentos transmitidos en aplicación de este Tratado estarán dispensados de todas las formalidades de legalización cuando sean cursados por la vía diplomática o por conducto de las autoridades a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior.
Si la Parte requirente estima que la comparecencia individual de un testigo o Perito ante sus autoridades judiciales resulta especialmente necesaria, lo hará constar en la solicitud de citación.
En orden a lo establecido en los artículos 831 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Legal, la petición de extradición se realizará en forma de suplicatorio dirigido al Ministro de Gracia y Justicia.
La doctrina llama “delitos políticos puros” a los que son delitos contra la organización política interna y el gobierno de un Estado, y que no contienen elemento alguno de delincuencia común y por otro lado están los llamados “delitos políticos relativos” que son infracciones en las cuales un delito común está involucrado o conectado con el acto inspirado en un móvil político. Enlaces externos[editar]
José Antonio Mora en la Universidad de Alcalá ¿Se puede juzgar un delito prescrito? Prescripción de la pena en sentencia firme ¿Cuándo prescribe un delito penal? Prescripción de delitos Esquema de prescripción de las penas La prescripción de la pena de multa Las costas en cláusula abusiva Planes de reestructuración de deuda Los acuerdos extrajudiciales de pagos Exhibicionismo y provocación sexual El acoso sexual El delito de acoso Las subastas voluntarias La circunstancia agravante de violencia de género El estado civil y su prueba Capacidad jurídica y capacidad de obrar La mayoría de Extradición México España edad Emancipación y habilitación de edad Capacidad de los menores de edad
Ello salvo que el tratado vigente con el Estado en el que se encuentre la persona investigada pueda solicitar directamente la extradición al Tribunal o juez que conoce de la causa.
La presencia de tensiones o conflictos políticos puede tener un impacto significativo en el procesamiento de las solicitudes de extradición. En situaciones donde hay tensiones políticas, un país puede negarse a extraditar a individuos a España debido a preocupaciones diplomáticas o por considerar el caso como de naturaleza política.
four. Podrá concederse la libertad provisional siempre que la Parte requerida adoptara las medidas have a peek here que estime necesarias para evitar la fuga del reclamado.
Una extradición puede Source definirse como el acto mediante el que un Estado hace entrega de una persona que ha cometido un delito a otro Estado que la solicita, para ser juzgada o para cumplir la condena impuesta en el país solicitante. La extradición en España En España los requisitos, condiciones y procedimiento para la extradición están regulados por los tratados internacionales y por las leyes de los Estados implicados.
La extradición es el procedimiento judicial (penal-administrativo) por el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro Estado y devuelta al primero para ser enjuiciada o para que cumpla la pena ya impuesta. La palabra proviene del latín ex que significa "afuera" y traditio que significa "transmisión".
Los gastos ocasionados por la extradición en el territorio de la Parte requerida serán de su cuenta, excepto los relativos al transporte del reclamado que recaerán sobre la Parte requirente.
b) Initial o copia auténtica de sentencia condenatoria, orden de aprehensión, car de prisión o cualquier otra resolución judicial que tenga la misma fuerza según la legislación de la parte requirente y de la que se desprenda la existencia del delito y los indicios racionales de su comisión por el reclamado.
Sin embargo, el magistrado tuvo que desactivarla después de plantear al juez de Marbella la entrega del presunto capo a las autoridades holandeses y este se opusiera con el argumento de que el detenido estaba siendo investigado por en España en una causa por blanqueo, tráfico de drogas y organización legal, y no procedía su extradición hasta que fuera juzgado por estos hechos.